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La España republicana (I)
Cada
año, con ocasión del aniversario, o por simple añoranza de lo desconocido –hay
que tener en cuenta que ya no son tantos los que vivieron en aquel régimen-, se
habla y se escribe sobre la
II República Española con cierto desconocimiento. Para los
tales, apoyándome exclusivamente en los documentos de la época, sin entrar en
filias ni fobias sobre esa forma de Estado, o sobre cualquiera otra, diré lo
siguiente.
El
12 de abril de 1931 se celebraron en España las elecciones municipales. En el cómputo
nacional, salieron más votos para los concejales monárquicos. Sin embargo, como
en los grandes núcleos urbanos predominó el voto republicano, algunos
aprovecharon las circunstancias para creer que el republicanismo era un
plebiscito manifiesto. Entre esos algunos estaban Alcalá Zamora, Fernández de
los Ríos, Alvaro de Albornoz, Casares Quiroga, Miguel Maura, Largo Caballero,
Alejandro Lerroux y Manuel Azaña. Juntos todos en casa del primero, escribieron
un manifiesto, dando por sentado que la población votante exigía la
proclamación de la República. De
Inmediatamente,
en Barcelona, Maciá proclama la república catalana, añadiendo que “libremente y
con toda cordialidad, anhela y pide a los otros pueblos de España su
colaboración en la creación de una confederación de pueblos ibéricos”. De todo
el trajín que a tal proclamación conducía traía buena información el periódico La
Vanguardia , de fecha 15 de abril. Al mismo tiempo, en
Madrid, sin hallar resistencia notable, el Gobierno Provisional –los citados
señores con Alcalá Zamora- toma el poder, alegando que “era el pueblo quien le
ha elevado a la posición en que se halla”. Los citados, digo, más Indalecio
Prieto, Marcelino Domingo y Martínez Barrios. Así lo hacía constar el periódico
El Socialista, con fecha 15 de abril.
Gobierno Provisional que publicó un Decreto con siete artículos y una “amplia
amnistía de todos los delitos políticos, sociales y de imprenta, sea cual fuese
el estado en que se encuentre el proceso, incluso los ya fallados
definitivamente. Ambos extremos los publicaba la Gaceta de Madrid, el 15 de abril.
Ahora
bien, el primer problema de la nueva República fue el status jurídico que
planteaba la situación catalana. Y, tras diversas gestiones, la Generalitat aceptó
limitar sus poderes hasta que las Cortes votaran el Estatut, según podemos leer
en La Vanguardia del día 28 de abril. Días más
tarde, sabemos por el periódico El Sol,
del 11 de mayo, que, en Madrid, las fuerzas extremistas de la izquierda se
manifestaron contra una nueva agrupación monárquica, procediendo a la quema de
diversos edificios religiosos, limitándose el Gobierno de la República a lamentar
esos hechos y a detener a una docena infelices, armados, que disparaban sin ton
ni son. Si tenemos en cuenta que, entonces había en Madrid 170 conventos,
destruir 24 en un solo día es verdaderamente una barbaridad. Entre ellos el
Colegio Fundación Caldeiro donde, años más tarde, afortunadamente, estudiaron
mis hijos. La noche de ese 11 de mayo, era detenido y desterrado el cardenal
Pedro Segura, arzobispo de Toledo, por ser considerado representante del ala
monárquica de la Iglesia
española.
En
el lado opuesto, el anarquismo, impaciente por el incumplimiento de las
promesas que les habían hecho sus aliados republicanos, según datos escritos en
El Sol del 19 de agosto de 1931,
generan inestabilidad social en Sevilla, casi en situación de terror, dando
lugar a la frase “estamos ya en plena guerra civil”. Para colmo, Manuel Azaña,
que era entonces ministro de la guerra, lanza un discurso en las Cortes, que se
ha hecho famoso por su estúpida frase: “España ha dejado de ser católica”. Así
lo reconoció el mismo, años más tarde, vísperas de su muerte en Francia. El Sol del 14 de octubre del 31
publicaba ese discurso que, por otra parte, se halla en el Diario de Sesiones
del Congreso. No tiene desperdicio. Total que, entre los ataques a la República , por parte de
la extrema derecha y de la extrema izquierda, el Gobierno publicó la Ley de Defensa de la República –esto era en
octubre- y, dos meses más tarde, según consta en el Diario de Sesiones del 9 de
diciembre del 31, se promulga la Constitución de la República española.
(continuará)
Alfonso Gil González
